En las últimas jornadas por diversos medios se ha difundido la noticia respecto a la transnacional española Sacyr, quien, a través de su filial Sacyr Agua, firmó un acuerdo para la adquisición de cuatro empresas de agua y saneamiento en Chile, Aguas Chacabuco, Aguas Lampa y Aguas Santiago, todas en la Región Metropolitana, atendiendo a más de 150.000 habitantes. A esto se le suma la compra de Aguas del Norte, que ofrece suministro y tratamiento de agua a grandes clientes de la Región de Antofagasta. Estas empresas fueron vendidas por Sembcorp, empresa con base en Singapur.
Si bien Sacyr resultó el comprador final, entre los interesados se mencionaron a Aguas Nuevas, grupo sanitario controlado por las firmas niponas Marubeni y Network Corporation of Japan (INCJ), y Aguas Andinas, la mayor compañía del sector en Chile, ligada al Grupo Suez.
Sacyr es uno de los principales inversionistas privados en infraestructura de transportes en el país, además de poseer actividad en concesiones y construcción, área industrial y servicios de facilities.
Las empresas Aguas Santiago, Aguas Chacabuco y Aguas Lampa poseen áreas de concesión en zonas de alto potencial de crecimiento inmobiliario en la Región Metropolitana. De hecho, en la comuna de Lo Barnechea están en los desarrollos inmobiliarios Valle La Dehesa, Jardín del Sol, Mirador del Sol, Rinconada de Huinganal y El Chin, al que se agrega el condominio privado Valle Escondido en El Arrayán. Por otra parte, en Colina está en áreas declaradas de desarrollo urbano condicionado, como los proyectos La Reserva y El Umbral. Se suma en esta última comuna el desarrollo Ayres de Chicureo.
Ante tales noticias, es esperable que alguna inquietud provoque en las y los habitantes de Chile, sobre todo a quienes les afecta directamente, es decir a los residentes de la ciudad de Antofagasta y de la región Metropolitana como Colina, Lampa, Lo Barnechea, Valle Escondido, Los Álamos y Pan de Azúcar.
En primer lugar ¿Cómo es que privados (Fondos de Pensiones, Empresas Constructoras, Multinacionales, entre otras) pueden ser propietarios de la “red pública” de agua potable y alcantarillado?
En Chile no sólo se privatizó el agua (Art. 19 N°24 Undécimo Inciso de la Constitución Política de Chile), sino que desde 1990 se crearon las “concesiones sanitarias” (bienes transables), que permiten a su propietario (privado o estatal) abastecer el servicio de producción y distribución de agua potable como también el tratamiento y disposición de aguas servidas.
Las leyes que regulan el sector sanitario fueron parte de las últimas leyes que se implementaron bajo la dictadura. Tanto la Ley General de Servicios Sanitarios (DFL 382/1988) como la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios (DFL 70/1988), siguen vigentes. A estas leyes se deben añadir las modificaciones legales realizadas años después por Frei (Ley 19.549/1998) y Lagos para habilitar la venta de las principales empresas sanitarias del país bajo dos modelos: un modelo de venta de la mayoría de acciones y el modelo de concesión a 30 años.
Para el caso de las empresas sanitarias con fecha de creación anterior a 1990, la mayoría de propiedad estatal y/o municipal, fueron vendidas a privados (privatizadas) mediante modificaciones legales realizada en los gobiernos de Frei y Lagos (1998-2004). Los compradores iniciales fueron AGBAR-SUEZ, THAMES WATER, ENERSIS, CONSORCIO, GRUPO SOLARI, GRUPO LUKSIC E ICAFAL.
Sin embargo, desde 1998 a la fecha han existido varios cambios en la propiedad de las empresas sanitarias (compraventas) y/o del contrato de explotación que no necesariamente han significado una mejoría en el servicio sino todo lo contrario.
Por ejemplo, el año 2004, ESSBIO, empresa sanitaria de la zona sur del país, sólo cumplió con 37% de los objetivos fijados para la región del Maule, caso atribuido a problemas técnicos que causaron retrasos en la subcontratación de obras, como también al hecho de que la empresa matriz de Thames Water, RWE, frenara las inversiones antes de vender la actividad de la empresa británica. El mal desempeño tuvo por consecuencia multas por un total de US$ 5,1 millones impuestas por la SISS. En este caso, la privatización de las empresas sanitarias tuvo impacto directo en la calidad del servicio, cuyos costes sociales fueron asumidos por la población.
¿Cómo se puede verificar si la empresa sanitaria se encuentra reinvirtiendo en la mantención y mejoría del servicio?
La Ley chilena de servicios sanitarios tiene principios rectores respecto al autocontrol y autofinanciamiento. Por ley las empresas sanitarias deben elaborar un Plan de desarrollo (principal herramienta de planificación para la empresa sanitaria), en este documento debe contener las inversiones y sus cronogramas a un plazo de 15 años. Sin embargo, la empresa puede declarar ciertas inversiones y finalmente no realizarlas, ya que en caso extremo las multas por este comportamiento son muy bajas en comparación a lo que ganan. Es más, este instrumento se distorsiona ya que existe evidencia de que las empresas han optado por no declarar todas sus inversiones proyectadas, realizándolas por fuera del Plan de Desarrollo, perdiendo el fin de esta herramienta.
¿Cuál es el problema de la privatización en los servicios básicos como el agua potable y saneamiento?
En la práctica, a nivel global la entrada de los privados al sector ha significado: Tarifas en aumento basados en consideraciones mercantiles y no en criterios de asequibilidad, bajas en la calidad del servicio debido a falta de inversión, corrupción política en las concesiones, incumplimiento de inversión comprometida, desigualdad en el acceso al servicio, escasa transparencia financiera, irresponsabilidad social (privación del derecho a huelga, recortes de planillas injustificados, entre otros) y medioambiental, incumplimientos contractuales, entre otras justificaciones que responden a las particularidades de cada contexto. Estas consecuencias son a raíz de la aplicación de la lógica mercantil en servicios básicos. La empresa sanitaria solo actuará cuando le sea rentable hacerlo, lo cual vulnera y pone en riesgo derechos humanos esenciales como el agua y el saneamiento en las ciudades chilenas.
Países como Francia, Estados Unidos, Alemania, China, Italia, Bolivia, Venezuela, Colombia, Argentina y Uruguay han manifestado la necesidad de eliminar las consecuencias negativas de la gestión de privados con enfoque lucrativo en servicios tan básicos como agua y saneamiento. Actualmente Inglaterra y España se encuentran en procesos de remunicipalización.
Volviendo a Chile, un ejemplo de cómo la gestión orientada hacia la maximización de utilidades puede ser nociva, particularmente en los servicios de abastecimiento y saneamiento de una ciudad, es Osorno en 2019 (Revisar Informe de la Comisión Especial Investigadora del accionar de los órganos públicos para afrontar la emergencia producida por la contaminación de los sistemas de producción y provisión de agua potable de la comuna de Osorno).
La planta contaba con 1 solo operario de producción, infraestructura “artesanal”, la disposición del estanque de petróleo era a sólo metros de la red de agua potable, añadido a que la función del petróleo era precisamente minimizar el gasto de la empresa por electricidad, aparte de condiciones de luminosidad deficientes. Sin embargo, 4 entidades técnicas revisaron y aprobaron las condiciones de operación de la planta meses previo al derrame. ¿Cómo se explican estas condiciones si los dueños de la empresa son “reconocidos internacionalmente” aparte de las grandes utilidades que generan? Aun así, “Un error humano” fue una de las frases más repetidas por los distintos medios de comunicación para explicar la catástrofe que vivió Osorno sin agua por 11 días.
El accionista mayoritario de Aguas Andinas, Suez, Multinacional que dejó sin agua a Osorno por condiciones de infraestructura y laborales artesanales. Suez, que se vende a sí misma como una empresa con más de 100 años de trayectoria. Analizando sus prácticas, es posible determinar que la rentabilidad es más importante aún si eso significa exponer a la población a crisis sanitarias reiteradas en el tiempo.
Ante las eventuales crisis sanitarias, parece razonable que la mejor salida a los problemas es simplemente hacer que otro se haga cargo, es decir, vendiendo la empresa. Tal como Aguas Andinas anunció que lo hará con sus acciones en ESSAL, tal como Aguas Chañar fue comprada por Marubeni el año 2018, posterior al evento de derrame de hidrocarburos el año 2017 en Freirina, entre otros movimientos.
Las consecuencias del enfoque lucrativo de un servicio esencial son multidimensionales y por tanto, complejos de dimensionar en su totalidad, sin embargo, a más de 20 años de gestión privada, es posible afirmar que el costo de la vida para las y los chilenas y chilenos ha aumentado, tanto por el precio mismo de la cuenta del agua como en otros aspectos más invisibilizados, como lo es el costo de la vivienda (particularmente preocupante el costo de la vivienda social), daños en la salud por mala calidad de agua, encarecimiento de la mantención de áreas verdes, daños debido a la falta de sistema de aguas lluvia, contaminación debido al vertimiento de aguas servidas a los cuerpos naturales de agua, entre otros.
Por un lado, a nivel nacional hay indicadores técnicos como la tasa de reposición y mantención (menor al 1%) como también el agua no facturada (ESSAL casi 40%) que indican la poca o nula reinversión en la infraestructura construida previa a la privatización.
Una disminución en la inversión, respecto a la reposición y/o mantención de infraestructura puede eventualmente favorecer episodios de roturas de matriz y/o similares. Estos eventos han ido en alza en los últimos años, incidiendo en otros indicadores como la percepción de satisfacción de los consumidores respecto al servicio sanitario, la cual ha ido progresivamente en disminución desde el año 2009 hasta el 2015.
Después del análisis de los indicadores nacionales del sector sanitario, la conclusión es simple: altas rentabilidades sostenidas mientras los privados no se encuentran reinvirtiendo como el modelo pinochetista planteaba teóricamente. Los privados han hecho de las empresas sanitarias un negocio más que lucrativo y han querido ir más allá a través de cada proceso tarifario, ya que la gente no para de pagar por algo fundamental como el agua.
Todos y todas perdemos fruto de la irresponsabilidad estructural que significa gestionar los servicios básicos de abastecimiento y saneamiento con fines rentistas y cortoplacistas. Dejar sin agua a una ciudad, es cuestionable cuando la gestión ha sido orientada al lucro y no a la reinversión que permita la sostenibilidad y mejoramiento continuo en la prestación que asegura el cumplimiento de derechos humanos esenciales.
Los distintos eventos acontecidos en el país, destacándose, norovirus en Ovalle (Aguas del Valle), presencia de hidrocarburos en la red de agua potable en Freirina (Aguas Chañar), la misma situación en Osorno (ESSAL) y mal estado de la infraestructura Chiguayante (ESSBIO), junto a los constantes vertimientos de aguas servidas sin tratar a fuentes naturales, pueden entenderse como parte de un colapso estructural a nivel país, agravado por la mega sequía, comprometiendo la seguridad y salud pública (con mayor gravedad a pacientes en hospitales, adultos mayores, niñas y niños).
El Estado de Chile finalmente actúa como vocero de la empresa, protege la inversión del privado mientras neutraliza y mantiene a la ciudadanía a raya.
Los servicios sanitarios no son una industria como cualquiera, es un servicio público del cual somos usuarios y no meros clientes cautivos. Para avanzar hacia la garantía de derechos esenciales es necesario que la población urbana desnaturalice el abrir la llave y repiense la importancia de las empresas sanitarias. La educación y el debate respecto a cómo nuestra sociedad interpreta y concibe el acceso al agua potable y saneamiento podrán tener como resultado los consensos que definirán y legitimarán cualquier decisión en adelante en la materia.
Me parece vital que hoy, más que nunca, corrijamos el error de privatizar un servicio tan fundamental y estratégico para la calidad de vida de las comunidades y la sostenibilidad de los ecosistemas. Espero que el pueblo autoconvocado centre el debate en torno a la recuperación popular de las empresas sanitarias.
PORQUE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE UN PAÍS SON UN INSTRUMENTO DE EQUIDAD SOCIAL Y DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, SU GESTIÓN DEBE SER EFICIENTE, SUS COBERTURAS UNIVERSALES Y SUS PRECIOS DEBEN SER ACCESIBLES PARA TODA LA POBLACIÓN.
¡EL MERCADO NO TIENE COMO OBJETIVO LA EQUIDAD SOCIAL, ENTONCES EL AGUA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO SIMPLEMENTE NO PUEDEN ESTAR AHÍ! EL ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO NO DEBERÍA DEPENDER DE NINGUNA CONDICIÓN ECONÓMICA.
PORQUE EL DERECHO A LA CIUDAD, A UNA VIDA DIGNA EMPIEZA POR TENER ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO.
por: Nicolás Bujes M.
Equipo técnico Modatima
Febrero 2020
